Reps. Espaillat y Pressley instan al Departamento de Justicia a que deje de buscar la pena de muerte

WASHINGTON, D.C. – Hoy, los congresistas Adriano Espaillat (NY-13) y Ayanna Pressley (MA-07), junto con los congresistas Jerrold Nadler (NY-10) y Cori Bush (MO-01), enviaron una carta al fiscal general del Departamento de Justicia, Juez Merrick B. Garland, instándolo a detener toda participación federal en el sistema de pena capital y prohibir que los fiscales del Departamento busquen la pena de muerte.

"Es simple: la pena de muerte es injusta, inmoral y racista, y tenemos la obligación moral de abolirla", dijo el congresista Espaillat. "Después de la ola de ejecuciones sin precedentes en la que la administración Trump ejecutó a 13 estadounidenses, más ejecuciones federales que en las últimas siete décadas, ya es hora de que la pena de muerte pase a ser parte de la historia estadounidense, no del presente de los Estados Unidos. Vemos una y otra vez cómo la pena capital toma injustamente como objetivo a los estadounidenses negros y personas de las minorías, además de que se aplica en su mayoría arbitrariamente contra aquellos que no pueden pagar un abogado adecuado; esto no es justicia. El fiscal general Garland tomó medidas sobre esta injusticia al instituir una moratoria sobre las ejecuciones federales, pero no mantuvo la coherencia lógica al no ordenar a los fiscales federales que dejaran de buscar la pena de muerte. El Departamento de Justicia debe detener de inmediato los litigios capitales y dejar de condenar a muerte a personas".

"La ejecución autorizada por el estado no es justicia y la pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad", dijo la congresista Pressley. "Aplaudo los pasos críticos que ha tomado el Departamento de Justicia, en respuesta a las demandas de la coalición que trabaja para poner fin a la pena de muerte federal. Ahora la Administración Biden debe fortalecer su moratoria a las ejecuciones ordenando formalmente a los fiscales federales que ya no busquen la pena de muerte, conmutando las sentencias de los condenados a muerte y desmantelando las instalaciones del corredor de la muerte en Terre Haute. El impulso detrás de la abolición de la pena de muerte está creciendo y el fiscal general Garland debe actuar".

"La avalancha de ejecuciones federales encabezadas por el ex fiscal general Barr el año pasado fue arbitraria y sin precedentes", dijo el presidente Nadler. "Hemos visto cómo las condenas a muerte se han impuesto injustamente, tienen sesgos raciales y las ejecuciones se han administrado con crueldad. Si bien estoy agradecido de que el fiscal general Garland haya detenido las ejecuciones federales, le pedimos que tome medidas adicionales para evitar que los fiscales federales busquen la pena de muerte".

"Debemos trabajar para construir un sistema penal legal que esté profundamente arraigado en el amor por la humanidad, lo que comienza con el fin de la pena de muerte federal en nuestro país", dijo la congresista Cori Bush. "La pena de muerte es un castigo inhumano que viola de manera desproporcionada los derechos humanos de las personas negras, de las minorías, indígenas y otras personas marginadas. Me enorgullece unirme a mis colegas, los Reps. Espaillat y Pressley, para seguir instando a esta administración a que ponga fin a la pena de muerte".

En la carta, los miembros del Congreso declararon: "La pena capital es una práctica profundamente imperfecta e inhumana que el Departamento de Justicia puede y debe suspender. Sus conocidas deficiencias, ‘incluida la arbitrariedad en su aplicación, el impacto desigual en las personas de color y el número preocupante de exoneraciones en casos de pena capital y otros casos graves', están ampliamente documentados. A pesar de estas realidades, la pena de muerte se sigue imponiendo de manera arbitraria y caprichosa […] Mientras que el Congreso de los Estados Unidos considera una legislación para abolir la pena de muerte, que tiene un nivel de apoyo sin precedentes y creciente, el Departamento de Justicia todavía tiene la obligación moral de tomar acción inmediata y decisiva. La Administración Biden-Harris fue elegida con la promesa de abolir la pena de muerte federal, y estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas legislativas para ayudar a cumplirla".

Haga clic aquí para leer la carta al fiscal general Garland en su totalidad.

Los Reps. Espaillat y Pressley han presionado para abolir la pena de muerte federal desde el 116º Congreso.

Haga clic aquí para ver el comunicado de prensa del Rep. Espaillat acerca de la legislación sobre la abolición de la pena de muerte.

Haga clic aquí para ver el comunicado de prensa de la Rep. Pressley acerca de la legislación sobre la abolición de la pena de muerte.

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El congresista Espaillat es el primer domínico-estadounidense en servir en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y su distrito congresual incluye las comunidades de Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste del Bronx. Elegido por primera vez al Congreso en 2016, el congresista Espaillat cumple su tercer mandato en el Congreso. El congresista Espaillat actualmente se desempeña como miembro del influyente Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, responsable de financiar las actividades vitales del Gobierno federal. También es miembro del Caucus Hispano del Congreso (CHC), donde se desempeña como segundo vicepresidente y es miembro del Caucus Progresista del Congreso, donde se desempeña como subcoordinador (Deputy Whip). El congresista Espaillat también se desempeña actualmente como coordinador sénior del Caucus Demócrata. Para obtener más información sobre el congresista Espaillat, visite su portal en línea en /.

Preguntas de los medios: Candace Randle Person a Candace.Person@mail.house.gov