Espaillat, Padilla, Menéndez, Barragán solicitan a la Administración Biden que detenga de inmediato las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de CBP dadas las preocupaciones sobre el debido proceso

WASHINGTON, D.C. — Esta semana, el congresista Adriano Espaillat (D-N.Y.-13), vicepresidente del Caucus Hispano del Congreso, en colaboración con la congresista Nanette Barragán (D-Calif.-44), presidenta del Caucus Hispano del Congreso; el senador estadounidense Alex Padilla (D-Calif.), presidente del Subcomité Judicial del Senado sobre Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza; y el senador estadounidense Bob Menéndez (D-N.J.), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, encabezaron una carta a la Administración Biden, firmada por 66 miembros del Congreso, llamando al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y al fiscal general Merrick Garland a que detengan de inmediato las entrevistas de miedo creíble (CFI) en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Les escribimos hoy para instarlos a que detenga de inmediato la práctica de someter a las personas a evaluaciones de miedo mientras están bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Requerir que los solicitantes de asilo se sometan a sus entrevistas de miedo creíble (CFI) mientras están bajo la custodia de CBP y articulen sus experiencias traumáticas tan solo un día después de su llegada a los EE.UU. es inherentemente problemático debido a la actualidad del trauma del que muchos huyen y la naturaleza carcelaria de custodia de CBP. Lo que agrava esta nueva práctica problemática es la dificultad que enfrentan los solicitantes de asilo para tratar de descubrir cómo navegar la muy complicada ley de asilo de los Estados Unidos, abrumadoramente sin el beneficio de un abogado”, escribieron los legisladores al secretario Mayorkas y al fiscal general Garland.

“El debido proceso es un derecho y un valor consagrado en la historia de nuestra nación. Brindar a las personas un proceso justo, incluido el tiempo adecuado para obtener pruebas, preparar el caso y obtener y trabajar con un abogado, es particularmente clave para las personas que huyen de la tortura o el daño que pone en peligro su vida. Por lo tanto, hacemos un llamado a sus departamentos para que pongan fin de inmediato a la política de realizar evaluaciones de miedo bajo custodia de CBP. Dicho proceso ha fallado sistemáticamente en adherirse a los principios básicos de equidad, trato humano de quienes huyen de la persecución o la tortura y cumplimiento de las obligaciones del debido proceso”, continuaron los legisladores.

“Cada persona nace con una dignidad humana inherente, sin importar su estatus migratorio”, dijo el Rep. Espaillat (NY-13). “Esta carta bicameral solicita que el secretario Mayorkas y el fiscal general Garland detengan la práctica de las ‘entrevistas de miedo creíble’ de los solicitantes de asilo mientras esos solicitantes de asilo están bajo custodia activa de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta práctica de examinar rápidamente las solicitudes de los solicitantes de asilo no solo es traumatizante, sino que también es perjudicial para el debido proceso. El acceso de los solicitantes de asilo a un abogado y la comprensión general del proceso de asilo de los EE.UU. mientras están recluidos en un centro de detención de CBP es severamente limitado, lo que resulta en el rechazo rápido e injusto de las solicitudes de asilo que deberían considerarse válidas. Como tal, nuestra carta pide a la Administración Biden que cambie esta política perjudicial”.

En abril de 2023, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) comenzaron a implementar un proceso acelerado de evaluación de miedo creíble en la frontera, mediante el cual las personas se someterían a la CFI en las instalaciones de CBP. Este nuevo proceso obliga a las personas que buscan asilo a navegar el complicado sistema de inmigración tan pronto como 24 horas después de su llegada a la frontera, en gran parte sin la asistencia de un abogado. El proceso no cumple con las obligaciones del debido proceso y no se adhiere a los principios básicos de trato justo y humano de los sobrevivientes de violencia o tortura. Los legisladores piden al DHS y al DOJ que pongan fin de inmediato a las CFI bajo la custodia de CBP.

Además de los senadores Padilla y Menéndez, y los Reps. Barragán y Espaillat, la carta está firmada por los senadores Cory Booker (D-N.J.), Richard Blumenthal (D-Conn.), Ben Cardin (D-Md.), Martin Heinrich (D-N.M.), Mazie Hirono (D-Hawaii), Ed Markey (D-Mass.), Jeff Merkley (D-Ore.), Patty Murray (D-Wash.), Elizabeth Warren (D-Mass.), Peter Welch (D-Vt.), Ron Wyden (D-Ore.), y los congresistas Suzanne Bonamici (D-Ore.-01), Jamaal Bowman (D-N.Y.-16), Salud Carbajal (D-Calif.-24), Tony Cárdenas (D-Calif.-29), André Carson (D-Ind.-07), Greg Casar (D-Texas-35), Kathy Castor (D-Fla.-14), Joaquin Castro (D-Texas-20), Judy Chu (D-Calif.-28), Yvette Clarke (D-N.Y.-09), J. Lou Correa (D.-Calif.-36), Jasmine Crockett (D-Texas-30), Danny Davis (D-Ill.-07), Veronica Escobar (D-Texas-16), Dwight Evans (D-Pa.-03), Maxwell Frost (D-Fla.-10), Jesús G. “Chuy” García (D-Ill.-04), Robert Garcia (D-Calif.-42), Sylvia Garcia (D-Texas.-29), Daniel Goldman (D-N.Y.-10), Jimmy Gomez (D-Calif.-34), Raúl Grijalva (D-Ariz.-07), Sara Jacobs (D-Calif.-07), Pramila Jayapal (D-Wash.-07), Henry Johnson (D-Ga.-04), Barbara Lee (D-Calif.-12), Ted Lieu (D-Calif.-36), Zoe Lofgren (D-Calif.-18), Robert Menendez Jr. (D-N.J.-08), James McGovern (D-Mass.-02), Grace Napolitano (D-Calif.-31), Grace Meng (D-N.Y.-06), Eleanor Norton (D-D.C.), Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.-14), Frank Pallone (D-N.J.-06), Chellie Pingree (D-Maine-01), Mark Pocan (D-Wis.-02), Katie Porter (D-Calif.-45), Mike Quigley (D-Ill.-05), Delia Ramirez (D-Ill.-03), Jamie Raskin (D-Md.-08), Andrea Salinas (D-Ore.-04), Linda Sánchez (D-Calif.-38), Janice Schakowsky (D-Ill.-09), Adam Schiff (D-Calif.-28), Rashida Tlaib (D-Mich.-12), Ritchie Torres (D-N.Y.-15), David Trone (D-Md.-06), Juan Vargas (D-Calif.-52), Nydia Velázquez (D-N.Y.-07), y Frederica Wilson (D-Fla.-17).

El texto completo de la carta está disponible aquí y a continuación:

Estimados Secretario Mayorkas y Fiscal General Garland:

Les escribimos hoy para instarlos a que detengan de inmediato la práctica de someter a las personas a evaluaciones de miedo mientras se encuentran bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Requerir que los solicitantes de asilo se sometan a sus entrevistas de miedo creíble (CFI) mientras están bajo la custodia de CBP y articulen sus experiencias traumáticas tan solo un día después de su llegada a los EE.UU. es inherentemente problemático debido a la actualidad del trauma del que muchos huyen y la naturaleza carcelaria de custodia de CBP. Para agravar esta nueva práctica problemática, está la dificultad que enfrentan los solicitantes de asilo al tratar de descubrir cómo navegar la muy complicada ley de asilo de los Estados Unidos, abrumadoramente sin el beneficio de un abogado.

Desde abril, sus departamentos han implementado un proceso de evaluación de miedo acelerado en el que los solicitantes de asilo se mantienen bajo la custodia de CBP mientras se someten a sus CFI dentro de las 24 horas posteriores a su llegada. Emulando un programa que el presidente Biden terminó al asumir el cargo, estos CFI se realizan telefónicamente con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Si las personas no pasan estas evaluaciones, lo que le sucede a muchos bajo estas condiciones, pueden buscar una revisión por parte de un juez de inmigración, aunque dicha revisión se lleva a cabo en los mismos entornos telefónicos en las instalaciones de CBP, inmediatamente después de la determinación adversa de USCIS, con abogados que a menudo les prohíben participar de manera significativa en la revisión.

Navegar las leyes y agencias de EE.UU. en un idioma extranjero y mientras está detenido resultaría atropellado para la mayoría de los solicitantes de asilo. Por lo tanto, someterse a evaluaciones de detección de miedo bajo la custodia de CBP presentaría desafíos insuperables incluso si cada solicitante de asilo tuviera un abogado a su lado. Y, sin embargo, bajo la custodia de CBP hoy, los solicitantes de asilo se enfrentan a un acceso severamente obstruido a un abogado. Como cuestión preliminar, CBP no permite que los abogados tengan acceso físico a sus instalaciones ni la oportunidad de llamar a sus clientes. La única oportunidad que tienen los solicitantes de asilo para consultar con un abogado es a través de las mismas cabinas telefónicas que se utilizan para realizar las CFI, pero a muchos se les niega el acceso para llamar a los proveedores de servicios legales. En los pocos casos en los que las personas logran contratar a un abogado, los proveedores de servicios legales han documentado que el USCIS y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) rutinariamente ni siquiera se comunican con sus abogados cuando se programan las revisiones del CFI o del juez de Inmigración. Como era de esperar, las cifras recientes muestran un aumento drástico en el rechazo de los solicitantes de asilo durante estas evaluaciones de miedo y su rápido regreso a las condiciones de las que huyeron.

Los proveedores de servicios legales han documentado a jóvenes menores de 21 años, personas LGBTQIA y sobrevivientes de trauma sexual sometidos a este proceso apresurado. Además, muchos solicitantes de asilo requieren consultas complejas y prolongadas con un abogado antes de que se den cuenta de que sus experiencias previas los hacen elegibles para el asilo; este suele ser el caso, por ejemplo, de las sobrevivientes de violencia de género.

El debido proceso es un derecho y un valor consagrado en la historia de nuestra nación. Brindar a las personas un proceso justo, incluido el tiempo adecuado para obtener pruebas, preparar el caso y obtener y trabajar con un abogado, es particularmente clave para las personas que huyen de la tortura o el daño que pone en peligro su vida. Por lo tanto, hacemos un llamado a sus departamentos para que pongan fin de inmediato a la política de realizar evaluaciones de miedo bajo custodia de CBP. Dicho proceso ha fallado sistemáticamente en adherirse a los principios básicos de equidad, trato humano de quienes huyen de la persecución o la tortura y cumplimiento de las obligaciones del debido proceso.

Atentamente,

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